El Consejo de Estado ha citado a varios congresistas de la oposición a una audiencia el próximo 19 de junio para examinar una solicitud de pérdida de investidura. Esta acción se deriva del apoyo y promoción de estos legisladores a la iniciativa conocida como la «vaca por Antioquia», destinada a recaudar fondos para la finalización de las vías 4G en el departamento. La demanda fue presentada por Carlos Mario Patiño, quien argumenta que estas donaciones representan una violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, ya que se tratan de aportes a una entidad pública, lo cual está prohibido por la Constitución.
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Entre los congresistas implicados en la demanda se encuentran Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín y María Fernanda Cabal, todos senadores del Centro Democrático, así como Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid, John Jairo Berrio y Julián Peinado, representantes a la Cámara. La admisión de la demanda por parte del Consejo de Estado marca el inicio de un proceso que podría prolongarse, durante el cual estos legisladores deberán defender sus acciones ante la justicia. Además, el Ministerio Público emitirá un concepto sobre el caso, lo cual podría influir en la decisión final.
Este procedimiento subraya la importancia de la rendición de cuentas en el ámbito político colombiano y destaca el papel crucial de las instituciones judiciales en la supervisión de la función pública. La resolución de este caso no solo afectará a los congresistas implicados, sino que también podría tener repercusiones significativas en el panorama político del país, especialmente en la región de Antioquia, donde la iniciativa de la «vaca» ha sido un tema muy controversial.
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