Desde octubre de 2023, el Ministerio de Educación habría solicitado a la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), implementar varias medidas cruciales para la institución. Entre ellas, destacaba la creación de una fiducia para la administración de los fondos de la universidad. Asimismo, el Ministerio también exigía Plan de mejoramiento que debía ser ejecutado en colaboración con diversos sectores orientado a implementar reformas, establecer procedimientos más rigurosos y asegurar un mayor control administrativo.
En su momento, la UTCH en cabeza de su rector y representante legal David Emilio Mosquera, aseguró en un comunicado oficial que acataría la Resolución No. 018742 del 6 de octubre de 2023, en la cual el Ministerio establecía medidas preventivas y una vigilancia especial sobre la universidad. No obstante, la ministra de Educación, Aurora Vergara, reforzó dichas medidas mediante la Resolución 025526 del 27 de diciembre de 2023, aparentemente basándose en el informe de un inspector in situ.
Fiducia y destitución
La falta de avance en la constitución de la fiducia generó críticas por parte del Ministerio, lo que finalmente llevó a la destitución del rector de la UTCH en julio de 2024. La ministra Vergara lo separó de su cargo mediante la Resolución 011010 del 5 de julio de 2024, argumentando irregularidades en la administración. Mosquera fue destituido sin un debido proceso, lo que desencadenó una disputa legal en la que este reclamó violación a sus derechos.
Asimismo, a pocos días de dejar el Ministerio, Vergara habría al parecer favorecido a Vanessa Sánchez, quien había sido su asesora entre mayo de 2023 y julio de 2024, lo que ha generado controversia. Dado que supuestamente habría una relación cercana y de años entre ambas lo que pudo haber influido en la decisión de designar y catapultar a Sánchez como rectora encargada de la UTCH, siendo ratificada mediante la Resolución 012396 del 26 de julio de 2024. Lo que ha sido motivo de cuestionamientos por posibles favoritismos en medio de la situación de inestabilidad administrativa de la universidad.
Disputa judicial por la restitución
En septiembre de 2024, un juez administrativo de Quibdó ordenó el reintegro del rector como medida cautelar, en medio de un proceso que este mismo inició contra el Ministerio de Educación por violación al debido proceso. A pesar de esta orden judicial, Sánchez, a través de su cuenta de X, rechazó el fallo, argumentando que solo el Ministerio podría oficializar el retorno de Mosquera.
De otro lado, el 5 de septiembre de 2024, el Ministerio solicitó al juez que aclarara la medida cautelar, subrayando que las decisiones adoptadas en el marco de la vigilancia especial no son competencia del rector. Además, el Ministerio insistió en que tenía el derecho de impugnar la medida cautelar y que esta suspensión seguía vigente, lo que impedía al parecer el reintegro inmediato del rector.
Si bien, el rector retomo su cargo. en el mes de designación de Sánchez hubo una denuncia por parte de Veeduchocó quien habría puesto la lupa de vigilancia con los recientes hechos, además del gasto ordenado por Vanessa Sánchez de 12 mil millones de pesos según una certificación que fue solicitada por dicha veeduría y expedida por la Universidad. Fondos que al parecer fueron utilizados sin la fiducia necesaria, un mecanismo clave para asegurar la transparencia en la administración de los recursos universitarios. Lo que planteaba para la comunidad universitaria nuevas y serias interrogantes sobre el manejo de los recursos y la verdadera razón de destitución del rector.
En respuesta a dicha denuncia, Sánchez apartada del cargo como rectora designada habría señalado que los recursos habían sido girados en cumplimiento de compromisos laborales, contractuales y misionales que al parecer habrían sido adquiridos con anterioridad a su llegada. Asimismo, en un anexo que acompaña la hoja de manera discriminada señala los recursos que autorizo reconociendo haber pagado $7.150.667,198 millones de pesos y dejado proyectado para pago $2.368.217,537 millones de pesos, sumando un total de $9.518.884,735 millones de pesos en lugar de los $12.763.114,051 millones de pesos de la certificación expedida sobre el gasto solicitada por Veeduchocó a la Universidad, lo que deja un vacío en el gasto ordenado de $3.244.230 millones de pesos
Nuevas investigaciones
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación emitió un comunicado en el que anunció la apertura de una investigación por presuntas irregularidades en un proyecto de inversión destinado al mejoramiento del sector maderero y con el Centro de Desarrollo tecnológico de la Madera. El primer proyecto financiado con $15.500 millones provenientes de regalías y el segundo una iniciativa que busca mejorar el sector socioeconómico y ambiental del departamento del Chocó, con un presupuesto de $23.049′449. sumando estos dos $ 38.049’449.166.
En el documento la Procuraduría señala así: «El ente de control copiará la documentación respectiva a la Procuraduría Regional de Instrucción del Chocó para que decida lo pertinente frente a las presuntas irregularidades en las que podrían estar involucrados los servidores de la UTCH para la época de los hechos, Lilia Mercedes Mena López, jefe Financiera; y Yesid Aguilar Lemus, coordinador y supervisor de los dos proyectos que en conjunto suman $ 38.049’449.166.»
La Procuraduría también ha solicitado la colaboración técnica de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales y del Grupo Especial de Seguimiento a los Recursos del Sistema General de Regalías. Este apoyo tiene como objetivo recolectar evidencia que permita confirmar si las presuntas irregularidades ocurrieron y si dichas conductas podrían constituir faltas.
Sin embargo, en una entrevista con la W Radio el rector de la UTCH, David Emilio Mosquera se refirió al Proyecto Madera, explicando que, al asumir su cargo en 2018, encontró que la primera fase del proyecto ya había alcanzado un 95% de ejecución. Su administración se habría encargado de completar el 5% restante y de iniciar la segunda fase, para la cual se destinaron $6.000 millones, de los cuales solo se ha girado un 5%.
Asimismo, en esta misma entrevista señalo «El proyecto como tal tiene un acápite fuerte que es la construcción del centro y sobre este hoy hay una investigación sobre el contrato que se hizo para esta finalidad que equivale a alrededor de 6 mil millones de pesos. Hoy, si miramos la obra, Significaría esto que el proyecto seguiría en marcha una vez que se supere la revisión y pago de los escritos presentados»
Por el momento, la universidad comenzará bajo las medidas preventivas establecidas. En resumen, en medio de las disputas legales entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, parece que la comunidad percibe que estas acciones están más enfocadas en proteger intereses específicos que en garantizar una gestión transparente. Esto es especialmente relevante considerando que el rector Mosquera está a solo un mes de finalizar su mandato desde su nombramiento en 2018.
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