El próximo 8 de julio, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y trabajadores del sector privado vinculados a un presunto cartel, que incluye a la empresa ULTRACEM, serán imputados en el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control Garantías de Barranquilla. Esta diligencia ha sido retrasada por más de un año debido a múltiples peticiones dilatorias por parte de los acusados.
Entre los señalados se encuentran los funcionarios públicos Jairo Edmundo Cabrera Pantoja, Diana Andrade Velandia, Ana María González Borrero, y Lucero Castañeda Hernández, así como el representante legal de Ultracem, Julián Alberto Vázquez Arango. Se les acusa de prevaricato por acción y por omisión, por presuntamente emitir resoluciones contrarias a la ley en beneficio de Ultracem, facilitando la adjudicación de un título minero en Barranquilla, Puerto Colombia y otros municipios del Atlántico.
El abogado de las víctimas, Pedro Ospino Polo, afirma que las pruebas indican una apropiación irregular de títulos mineros, implicando a funcionarios de la Agencia Nacional de Minería que habrían recibido favores a cambio de estas entregas irregulares.
“La Fiscalía tiene pruebas contundentes para demostrar las irregularidades en la adjudicación de los títulos mineros. Los acusados intentan eludir la justicia con medidas dilatorias que solo buscan impunidad”, declaró Ospino Polo.
Las investigaciones han revelado alteraciones en el sistema de concesión de títulos mineros, con documentos que aparecieron y desaparecieron misteriosamente para beneficiar a terceros. Los abogados de las víctimas están determinados a oponerse a cualquier intento de retrasar el proceso y exigen una acción judicial rápida. Además, hacen un llamado a la Fiscal General de la Nación para intervenir, debido a presuntas presiones desde Bogotá por parte de una Fiscal Delegada de la Unidad de Seguridad Ciudadana.
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